Hay dos tipos de rentabilidad del alquiler en Andorra. La que aparece en las presentaciones de promotores y la que queda en la cuenta bancaria del inversor doce meses después. La diferencia entre ambas oscila habitualmente entre dos y cuatro puntos porcentuales, y ese margen es exactamente lo que separa una inversión rentable de una que solo lo parece sobre el papel.
El problema no es la cantidad de trámites al llegar a Andorra. Es que nadie te dice en qué orden hacerlos, y en Andorra el orden importa más que en casi cualquier otro país europeo. Hacer un paso antes de tiempo no acelera el proceso: lo bloquea.
Los chalets en alquiler en La Massana y Canillo no funcionan como el mercado de alquiler urbano de Andorra la Vella o Escaldes.
Canillo es la parroquia más extensa de Andorra y la que más se vende mal en los portales inmobiliarios. Los anuncios muestran vistas a la montaña y metros cuadrados generosos a precios que no existen en Escaldes.
Los bancos andorranos financian a no residentes. Pero las condiciones que aparecen en su web y las que aplican en la práctica no siempre coinciden.
La mayoría de propietarios que heredan un inmueble en Andorra intentan venderlo antes de tener la titularidad regularizada. Es el error más frecuente y el que más retrasa la operación: sin la aceptación de herencia, no existe ningún vendedor legal.
El precio pactado con el vendedor es solo el punto de partida. Entre impuestos, notaría, registro y gestiones administrativas, el comprador internacional que compra vivienda en Andorra asume habitualmente entre un 4% y hasta un 14,5% adicional sobre el precio de compra.
Cuando alguien compra vivienda en Andorra, suele concentrarse en lo visible: ubicación, luz, distribución, reforma. Y es lógico. El problema es que la comunidad de propietarios es "lo invisible" que puede cambiar el coste real del piso durante años.
En el mercado inmobiliario de alto nivel, es habitual que determinadas operaciones se desarrollen fuera de los canales de comercialización masiva.
En Andorra, la puesta en funcionamiento de una actividad económica puede requerir la intervención tanto del Govern como del Comú correspondiente, dependiendo de la naturaleza del negocio y de las autorizaciones sectoriales aplicables.
